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COVID o no COVID, esa no es la cuestión

Ha pasado ya más de un año de la identificación del SAR-Cov 2 y de la declaración de pandemia debido a la enfermedad que produce. Esta enfermedad ha afectado de distintas formas a los países y regiones del mundo, dependiendo de la densidad de población, las características demográficas, del sistema sanitario y del nivel de salud de la población.

Muchas medidas se han tomado por los distintos gobiernos planteadas en función de los avances en el conocimiento sobre esta nueva enfermedad, algunas de las cuales en un inicio fueron desestimadas o no recomendadas por considerarse inútiles para combatir la infección, por ejemplo el uso de tapabocas quirurgico (común), ahora planteadas como obligatorias e imprescindibles para evitar el contagio.

Dentro de las principales medidas se destacan las vinculadas a la higiene y las de reducción del contacto social y movilidad. Nuestro país no fue la excepción, la declaración de emergencia sanitaria trajo consigo la aplicación de un conjunto de normativas que si bien fueron variando a lo largo del año, se orientaron en ese sentido.

La aplicación de estas medidas han profundizado y catalizado una crisis económica que se venía desarrollando en los últimos años en nuestro país, arrojando a una importante masa de trabajadores al seguro de paro, al desempleo, a la miseria.

Si bien la actividad económica venía en descenso en los últimos años, con el inicio de la pandemia y las primeras medidas tomadas, dicha actividad cayó en picada lo que derivó en miles de uruguayos siendo enviados al seguro de paro. Puesto en cifras, 185.769 trabajadores estaban en seguro de paro en mayo de 2020, siendo el sector más afectado el comercio y ubicándose el desempleo en 11% aprox. En este marco, en julio de 2020 en la octava ronda de consejo de salarios, la mayoría de las negociaciones cerraron en acuerdos que implicaban aumentos salariales por debajo de la inflación lo que significa que los trabajadores perdieron salario bajo la complicidad del PIT CNT que planteaba superar la crisis del Coronavirus entre todos. Se hablaba más de las posibles consecuencias de la pandemia que de esta nefasta situación que ya estaba afectando la vida de miles y miles de uruguayos.

Paradójicamente, la respuesta del sistema de salud frente a la situación de emergencia sanitaria fue la reducción del personal a través del envío al seguro de paro y despidos de muchos de sus trabajadores, disminuyendo consecuentemente la atención. Posteriormente avalados por el decreto presidencial y con el aval del cuerpo médico, el sistema sanitario aplicó una serie de medidas, con la excusa de proteger la salud de todos, tales como suspensión de asistencia presencial, cierre de policlínicas periféricas, aplazamiento de cirugías, el cierre de farmacias en los prestadores de salud, entre otras. Estas han tenido y tendrán en un corto y mediano plazo una repercusión negativa muy importante en la salud de los trabajadores.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria se han postergado unas 45 mil cirugías de coordinación, durante el 2020 se redujo en un 80% la realización de PAP, 66% las mamografías, 73% los test de búsqueda de sangre en la materia (para diagnosticar cáncer de colon). También se constató un 28% menos de consultas oncológicas, lo que marca que estamos diagnosticando menos y más tardíamente el cáncer con las consecuencias

negativas que esto genera. Han aumentado considerablemente las consultas por patologías mentales descompensadas, así como un mayor descontrol de pacientes con enfermedades crónicas tan frecuentes como las cardíacas, que de haber recibido una atención de calidad y a tiempo se podrían haber evitado.

Tomar medidas tendientes a aumentar el número del personal de salud y ampliar los horarios de consulta para evitar aglomeraciones en los centros asistenciales, acondicionar los espacios de atención para que sean aptos y más higiénicos cumpliendo con los protocolos establecidos, reforzar las áreas de internación domiciliaria y la asistencia móvil, podrían haber sido una alternativa para evitar la propagación del virus sin que se resintiera la asistencia sanitaria, sin embargo este tipo de medidas implican un desembolso de dinero por partes de las mutualistas que no están dispuestas a realizarlo. Queda claro entonces que las medidas tomadas en nombre de la salud de la población y con el fin de evitar la propagación del virus, no sólo han fracasado sino que han atentado contra la salud de los trabajadores y que su único objetivo era mantener la solvencia económica de las empresas de salud.

SISTEMA SANITARIO PREVIO A LA PANDEMIA

La situación de emergencia sanitaria deja al descubierto que la salud no es considerada un derecho sino un negocio y que el sistema de salud actual lo ha vuelto muy rentable.

Ya previo a la pandemia, lograr un acceso real a la salud dependía directamente de la capacidad económica de cada persona. Se nos ha vendido este sistema como uno de los mejores, sin embargo la realidad es que la mayoría de los trabajadores no tienen un acceso real al mismo, a pesar de que realizan un aporte mensual a través del descuento de sus salario. Acaso ¿podemos hablar de acceso a la salud cuando cada vez que se atraviesa la puerta de una mutualista hay que sacar la calculadora y la billetera para decidir si compramos tal o cual remedio, o si pagamos un estudio ahora o lo posponemos hasta tener más dinero? ¿Se le puede decir a alguien que tiene que esperar tres meses para atenderse con un especialista, que este sistema de salud prioriza su atención y se preocupa por quienes están enfermos?

Otro capítulo aparte lo conforma la no cobertura de algunos estudios y tratamientos, lo que fomenta un mercado de clínicas privadas que lucran con la salud. A nivel público, si bien los tickets y órdenes no son una limitante, el escaso personal, la poca descentralización de los servicios y la escasa disponibilidad de medicamentos atentan contra una correcta asistencia.

Este sinfín de trabas que se nos presentan día a día reflejan que tanto las mutualistas, cómo el sistema en general, no tienen la capacidad ni la intención de atender correctamente a los usuarios y que la calidad de la asistencia está directamente vinculada a el bolsillo de cada uno, en definitiva que la salud en este país no es un derecho garantizado sino que es un bien más que se compra como otros. Esta situación se ha consolidado con la complicidad de todos quienes han gobernado en el último tiempo, con las políticas de salud que han impulsado, así como de las corporaciones médicas que dirigen estas instituciones. Queda claro que la salud es un negocio, el objetivo es generar el menor gasto posible para maximizar las ganancias, el centro es la rentabilidad y no la calidad de la atención.

LA PANDEMIA DEL MIEDO Y LA CULPA INDIVIDUAL

Una situación particular que ha tenido el desarrollo de esta pandemia es el manejo mediático. Nunca antes con otras enfermedades, incluso más prevalentes y mortales, se habían manejado tantos datos en los medios de comunicación, ni se había puesto sobre la mesa de forma tan recurrente, el tema de la muerte. Desde el inicio de la pandemia, a diario se han contabilizado el número de muertos, los contagiados, la cantidad de estudios realizados, el número de camas de CTI disponibles y un sin número de datos, utilizados de tal forma que pareciera tener como único propósito la instalación del miedo. Se traslada la culpa del aumento de contagios y del colapso del sistema de salud a cualquiera que no cumpla con las nuevas pautas de convivencia establecida, que rompa su burbuja, que se manifieste de alguna forma o que plantee alguna duda respecto a la efectividad o razonabilidad de alguna de las medidas planteadas, aunque estas parezcan ridículas. Sin embargo, nunca se cuestiona, desde los distintos actores sociales (políticos, PIT-CNT, sociedades y organizaciones médicas, etc) la responsabilidad empresarial, por ejemplo en el transporte colectivo, que no cumple con ninguna medida de protección ni de higiene y donde se sigue viajando como ganado lo que imposibilita mantener distancia física adecuada.

Desde el Sindicato médico y distintas comunidades científicas se ha insistido en el endurecimiento de las medidas de movilidad y aislamiento social para evitar el colapso del sistema de salud, sin embargo no se los escucha exigir la mejora del sistema de salud para afrontar esta nueva enfermedad sin descuidar el resto de las enfermedades existentes. No entra dentro de sus reivindicaciones urgentes el aumento del personal de salud, mejores condiciones de trabajo, medidas de protección adecuadas para el personal de salud, reforzar la asistencia en el primer nivel de atención, ni reforzar la asistencia a pacientes con patologías crónicas para evitar su hospitalización, entre otras medidas que se podrían exigir. Insisten en pedir que te quedes en tu casa, que no consultes, que no salgas ni te vincules, desde su posición acomodada se olvidan o ignoran que en uruguay un 25% de la población que trabaja lo hace de manera informal, que hay un 9% de desempleados, que la mayoría de la población, los trabajadores, necesitan salir de sus hogares para sobrevivir, que su principal problema no es el coronavirus sino como llegar a fin de mes. Intentan imponernos una realidad de medidas extremas de restricción de movilidad que el país no puede sostener y que si lo hace, será a costa de la vida de quienes menos recursos tienen.

En nuestro país en los últimos meses no se habla de otra cosa que no sea la situación sanitaria vinculada al COVID, sin embargo la crisis económica y el endurecimiento de las medidas para afrontarla, como ya se mencionó, recaen sobre los trabajadores, empeorando sus condiciones de vida, aumentando la pobreza, el desempleo, la informalidad, recortando derechos como la salud, la educación, el derecho a reunirse y tener una vida digna y plena.

ALGUNOS DATOS

En uruguay la tasa de mortalidad por coronavirus que se calcula en función de los test realizados es menor al 1%, si a estos le sumamos las personas que cursaron sin tener síntomas y que por lo tanto no se realizaron el hisopado, la mortalidad sería aún menor.

Desde el inicio de la pandemia han muerto 827 personas por coronavirus (datos al 24/3), sin embargo otras patologías más frecuentes como las cardiovasculares o las oncológicas han

sido dejadas de lado y desatendidas siendo que comprenden las primeras causas de muerte en nuestro país. Solo por enfermedades cardiacas y stroke desde el comienzo de la pandemia han muerto 10 veces más personas que por causa del COVID.

Esto no quiere decir que la infección por coronavirus no exista, ni que no sea necesario tomar medidas para disminuir su transmisión, pero no podemos encasillarnos en el debate esteril de: o todo lo que importa es el COVID o sos un terraplanista, negacionista y antivacunas. La realidad es mucho más amplia, estamos siendo bombardeados a diario con noticias de muertes y caos, estamos frente a una infección de la cual no se sabe demasiado y frente a la cual no tenemos un tratamiento probado eficaz ni seguro, donde se utiliza el miedo como herramienta de control.

Pero también estamos frente a un momento donde han empeorado sustancialmente nuestras condiciones de vida, donde se nos recortan derechos básicos uno tras otro y donde se nos aísla y se nos restringe la posibilidad de juntarnos, de organizarnos y de tener una vida digna y plena. Ya va mas de un año desde que se declaró la emergencia sanitaria y todo parece indicar que nos falta mucho tiempo para controlar la pandemia, mientras tanto
¿vamos a seguir aceptando que aumente el desempleo, que empeoren nuestras condiciones de vida, que se no recorten derechos como la salud?

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