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Gobierno argentino prohíbe manifestarse contra Israel

El pasado 4 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina publicó su Resolución 114/2020 con el objetivo de redefinir la concepción de Antisemitismo por parte del Estado y alinearse así a lo manejado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organización comandada por el Estado de Israel de la cual se puede leer:

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.”.

A pesar del maquillaje democrático, esta definición, amparada en la Ley N.º23.592 de Actos discriminatorios que puede penar desde un mes a tres años de cárcel a personas que integren organizaciones o que realicen actividades de odio, es un hecho sin precedentes y sin dudas, una de las entregas más canallescas para con uno de los principados aliados del imperialismo, un Estado criminal que lleva hasta el máximo las prácticas imperialistas con el pueblo palestino al cual tiene en régimen de Apartheid, anexionando sus territorios, torturando y asesinando indiscriminadamente muchas veces con argumentos raciales: ahora para el Estado argentino denunciar a Israel, criticar a Israel, condenar al sionismo puede interpretarse fácilmente como persecución u odio .  

Hay que resultar que esta resolución surge luego del pedido insistente de varias organizaciones sionistas al Gobierno Argentino, de la ratificación de tratados acordados por el mandato anterior y de nuevos acuerdos realizados por el Presidente argentino en su visita a Israel siendo así la defensa del Sionismo una política de Estado.

Quizás alguna persona bien intencionada pueda pensar de forma inocente que no hay mosca en la sopa y que la nueva definición sea algo meramente protocolar; pero claramente el Estado de Israel es objetivamente considerado una institución judía como el sionismo parte de la cultura de éstos, fundamentalmente si se toma en cuenta que quien suele tener la vara en este asunto es el propio Israel.

Quienes se encargan de explicar esto son los propios sionistas, que en un comunicado fechado el 28 de junio en donde condenan y amenazan a tres diputados del FIT-U por mostrar arrepentimiento después de haber votado (SIC!) la aceptación de la Resolución en la diputación porteña.

Es así que en dicho comunicado la Organización Sionista Argentina afirma con total claridad:

“La normativa que el Ministerio MREyC ha instituido con la adopción de la definición de antisemitismo establecida por la IHRA nos brinda una nueva herramienta para llevar ante la Justicia a quienes desde sus palabras, manifiestan odio a los judíos, al sionismo como movimiento de liberación y autodeterminación del pueblo Judío y a Israel como Estado Judío”

“La utilización de esa herramienta será puesta en práctica en forma inmediata por esta Federación en casos como este”- amenazan, dejando claro cuáles son los propósitos de esta normativa.

Por supuesto, no podemos centrar nuestra crítica en la Organización Sionista Argentina, sino que es necesario señalar con claridad al Gobierno de Alberto Fernández, a su política de Relaciones Exteriores y su política represiva, la que encuentra ahora un nuevo mecanismo para censurar y perseguir a los luchadores del país vecino. quienes corren de ahora en más con el riesgo de ser enjuiciados y encarcelados por denunciar la política terrorista del Estado de Israel.

Vale decir que el nuevo Gobierno nada tiene que envidiar en materia de Política Internacional a su predecesor conducido por Mauricio Macri; el Gobierno de Alberto y Cristina inició el mandato con una misión a Israel donde no solo ratificaron los acuerdos del macrismo, sino que insistió en la fidelidad del nuevo Gobierno para con el Sionismo, veló por los intereses comunes de Isarel y del empresariado Sionista radicado en Argentina y pidió intermediación a este Estado en búsqueda de un mayor acercamiento con los Estados Unidos con un claro objetivo -confirmado a posteriori- de aceptar, legitimar y renegociar la oprobiosa deuda externa aumentada significativamente por el gobierno de Macri.

También en materia de seguridad, además del legado histórico del peronismo como partido de vanguardia en todo lo que refiere reprimir a la clase obrera, el Kirchnerismo tiene en su espalda un prontuario más que interesante con una lista de 45 militantes muertos o desaparecidos por la represión o grupos parapoliciales en el periodo 2003-2015, la puesta en marcha de la Ley Antiterrorista que genera facultades para penar por entre 5 y 20 años de prisión a todo aquel intente forzar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (es decir, reivindicar una acción política a través de actos como una movilización), la puesta en marcha del Proyecto X, unidad dedicada a la infiltración de agentes en movilizaciones y actos de masas usado como herramienta en 285 casos judiciales, el lavado de cara y ascenso de represores de la dictadura como el ascenso de Milani, etc.

Es evidente para cualquier persona con un mínimo de consciencia que el progresismo es una herramienta más de la burguesía para mantener y profundizar la explotación dirigida a la clase obrera, generar nuevas condiciones para la represión de la lucha de los explotados y por supuesto, engañar a las masas populares con una opción más “humanizada” de su programa para frenar el avance de las organizaciones revolucionarias.

Esta nueva ordenanza vuelve a darle en la cara a todos aquellos que aplaudían la concreción de un Frente Anti Macri generador de condiciones para el ascenso de este Gobierno, que además de generar condiciones para reprimir viene ajustando con todo a los trabajadores y jubilados. También debería como mínimo llamar la atención a quienes en nuestro país han abandonado por completo el internacionalismo proletario para centrar su apoyo en las burguesías “nacionales” de los distintos países, siendo cómplices de todo lo que este tipo de Gobiernos hacen con sus trabajadores.

En este sentido, es preciso señalar la necesidad de dar un fuerte debate ideológico para reconquistar en el movimiento popular posiciones clasistas sustentadas en el internacionalismo proletario, que partan de la base de apoyar a la clase obrera de otros países en su lucha por la emancipación, por que sea ésta la que tome el poder omitiendo desde todo punto de vista la alianza con sus explotadores.

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