Los problemas de seguridad pública son un fenómeno creciente en nuestro país que afecta principalmente a los trabajadores. El Estado no ha sabido dar respuestas efectivas ni para el combate del crimen, ni para su prevención, y todos los abordajes al tema han demostrado un fracaso rotundo ya sea desde la profundización de la represión como la ejecución de políticas sociales que discursivamente buscan atacar las causas del problema.
El bloque político de la derecha ha trabajado incansablemente para capitalizar el descontento social en torno a la inseguridad a lo largo de todos los gobiernos frenteamplistas con un discurso demagógico que busca posicionar al Frente Amplio como una fuerza política que no está dispuesta a utilizar la fuerza para resolver el problema y proponiendo legislar en ese sentido. Por otro lado, el discurso de la izquierda se expresa en términos ambivalentes: por un lado expresando la necesidad de una utilización “inteligente” de la fuerza y por otro lado con una impronta “anti-punitivista”.
Sin embargo, como es natural en torno a un tema que se coloca dentro de los de mayor importancia para todos los uruguayos, este aspecto de la política nacional expresa con mucha claridad la demagogía y la hipocresía de ambos bloques políticos. Ambos se prestan a un circo mediático que utilizan para profundizar y afianzar su discurso en sus bases sociales y en los sectores que se disputan, se atacan y se colocan en el imaginario colectivo como dos fuerzas opuestas, esto a pesar de que la realidad muestra que no solo sus políticas en materia de seguridad difieren únicamente en matices sino que además se han dedicado a cogobernar en este tema a lo largo de los años.
En Uruguay, como en el resto de los países de la región, se viene desarrollando una profundización de la fuerza represiva del Estado por lo menos desde hace 20 años. Este desarrollo consiste centralmente en una tecnificación y profesionalización del aparato represivo, en muchos casos militarización, y un marco legislativo que acompaña su utilización con modificaciones de los códigos penales que endurecen las penas y modifican regímenes como el penal adolescente, el de libertad anticipada y el de reinserción. En ninguno de estos aspectos han existido grandes discrepancias entre la izquierda y la derecha. Más bien, las modificaciones más recientes (y profundas) vienen dadas por el denominado “Documento de consenso” que surge del acuerdo multipartidario de seguridad firmado en el 2010 por el FA, PC, PN y PI. De este acuerdo surgen las principales reformas en materia de seguridad ejecutadas por el gobierno frenteamplista:
- La creación de la Guardia Republicana en el año 2010 que incorporó una enorme cantidad de efectivos militares, dotando a la fuerza de formación militar e invirtiendo en equipamiento e infraestructura de guerra.
- Se multiplica casi que por tres el presupuesto destinado al Ministerio del Interior.
- Se endurecen las penas tanto en el régimen penal adulto como adolescente, haciendo principal hincapié en delitos como la rapiña.
- Se desarrollan los programas de videovigilancia en la ciudad de Montevideo y en algunas ciudades del interior, se incorpora el software de videovigilancia y espionaje “El guardián” en el año 2013 (actualmente utilizado sin controles judiciales claros)
- Se utiliza el mecanismo de Participación Público Privada para la construcción de cárceles con gestión privada.
- Se utilizan como escuela de formación tanto de militares como miembros de la Guardia Republicana (en muchos casos de ambas) las “misiones de paz” en las que Uruguay participa con la Organización de Naciones Unidas donde se han constatado violaciones a los derechos humanos.
Ninguna de estas profundas reformas desarrolladas en consenso partidario sirvieron siquiera para mejorar la sensación de seguridad de la población en nuestro país. Sin embargo sí tienen como resultado una multiplicación del gasto público en seguridad y una capacidad represiva considerablemente superior por parte del Estado.
Con todo esto, y entendiendo el grado de acuerdo que tiene el FA con la coalición multicolor, son más que justas las preguntas de ¿por qué quieren derogar algunos de los artículos sobre seguridad de la Ley de Urgente Consideración? ¿Efectivamente representan un cambio trascendental para la seguridad? ¿Estamos frente a un cambio de paradigma? Intentaremos responderlas.
¿Que se quiere derogar?
Los principales cambios planteados por la LUC que se encuentran dentro de los 135 artículos a derogar tienen que ver con el procedimiento policial, se extienden plazos de notificaciones de las detenciones al fiscalía (de dos a cuatro horas), se amplía la habilitación de la policía para el registro de personas y vehículos, permite mayor libertad a la hora de realizar detenciones preventivas y un aumento de potestades para solicitar identificación de civiles. Elementos que si bien generan un avance en las potestades policiales no cambian ni cerca la sustancia de su accionar cotidiano. Además dentro de los 135 artículos a derogar se encuentran algunos elementos que endurecen las penas a algunos delitos y se elimina la posibilidad de libertad preventiva o descuento de pena por estudio y trabajo para algunos delitos considerados graves. Nuevamente una profundización que no implica un cambio de sustancia.
Desde un punto de vista práctico no se generan grandes cambios con estos artículos a derogar ni en un sentido ni en el otro, lo que sí es claro es que con la LUC se pretende enviar un mensaje a la ciudadanía y particularmente a las fuerzas de seguridad respecto al aumento del aval político que cuentan para actuar. Cuestión que puede o no tener un impacto en el accionar policial pero que representa uno de los principales elementos planteados en campaña electoral por la coalición multicolor y surge de una importante demanda de la ciudadanía.
Y en el mismo sentido el Frente Amplio al buscar derogar estos artículos no pretende ni resolver ni evitar que empeore la seguridad pública, ni siquiera es consistente con su accionar pasado y sus políticas plantear que tiene una preocupación por el posible ejercicio indiscriminado de la fuerza policial. Lo único que es consistente pensar es que busca profundizar su antagonismo con el bloque de gobierno y cumplir (sin ningún costo ni compromiso ahora que ya no le toca estar en el gobierno) con sus sectores que tienen más desarrollado el discurso “anti-punitivista”.
Existen también dentro de los artículos a derogar elementos que profundizan la criminalización de la protesta como la elevación a nivel de ley del decreto “anti piquetes” llevado adelante por Tabaré Vazquez en su último periodo y del decreto que impide la ocupación de instituciones públicas. Elementos que sin duda pueden ser negativos para la lucha de la clase obrera pero que no existe correlación alguna entre el discurso para derogarlos y la práctica que llevó adelante la izquierda en sus años de gobierno.
No es de extrañar en absoluto el vacío de contenidos que tiene la campaña en todos los aspectos y particularmente en el de seguridad, si se pusieran a discutir la sustancia del problema y de las políticas que llevan adelante unos u otros no lograrían más que arrojar luz sobre el camino que han emprendido juntos de profundizar la capacidad represiva del estado y militarizar la seguridad pública. La propia campaña refleja que el discurso que se intenta desarrollar tiene como objetivo pintar al gobierno con tintes fascistas por realizar las mismas políticas que supieron llevar adelante.
¿Y lo que no se quiere derogar?
Ni siquiera es necesario para desenmascarar el absurdo discurso antifascista de la izquierda plantear que ellos mismos han desarrollado las fuerzas represivas como nadie en el pasado reciente, estructura que hoy dirigen quienes acusan de representar el mayor peligro para los trabajadores. Para desenmascarar este discurso alcanza con ver los artículos que se dejaron fuera de este referéndum y concluir que únicamente se han colocado sobre la mesa de discusión los elementos más inofensivos para el gobierno.
En el resto de los artículos de seguridad de la LUC encontramos muchos otros que profundizan las penas y que no se explica de ninguna forma como algunos deberían anularse y otros no. Se deja sin anular la mayor parte de la legislación en torno la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal impulsado por el propio Frente Amplio y que entre otras cosas se centra en la abreviación de procesos judiciales, fenómeno que en general tiende a perjudicar a los sectores con menos recursos para defenderse judicialmente (ya que es menos costoso para una persona aceptar una sentencia de 6 meses que asumir el proceso judicial con prisión preventiva durante un año).
Se mantiene dentro de la LUC toda la reestructura administrativa y jerárquica del Ministerio del Interior, elemento que cualquiera entendería como trascendental para la aplicación del programa de gobierno en materia de seguridad, dejando vía libre para actuar en este sentido. A excepción de la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género que según la izquierda esto generaría un problema de centralización de la política de género y las desvincularía del resto de las Jefaturas y Direcciones Nacionales. Lo cual es completamente diversionista.
Algunas conclusiones
Buscar anular los artículos de seguridad dentro de los 135 que se colocaron en el referéndum no representa un enfrentamiento real al gobierno ni a su programa en materia de seguridad. Más bien tiene como objetivo cumplir por parte del FA con la demanda de sus sectores más “anti-punitivistas” y respetar algunos compromisos con el movimiento social que lo acompaña. No va a tener ningún impacto concreto en la seguridad de la ciudadanía ni en el accionar policial. Lo que sí tendrá un impacto negativo, como lo viene teniendo, es el continuo desarrollo de la fuerza represiva del Estado y la arbitrariedad con la que actúa. Sin embargo este elemento no se pone realmente en discusión.
Es necesario desenmascarar el discurso infantil del “anti-punitivismo” que solo sirve para que sectores de la pequeña burguesía y la intelectualidad limpien sus culpas de forma totalmente hipócrita y demagógica mientras apoyan gobiernos que han ido en el sentido contrario. El problema de la inseguridad debe atenderse de forma contundente y es imposible resolverlo sin atacar los problemas de fondo, sin el ejercicio de la violencia y sin hacer parte a la clase obrera de la solución. Debemos respetar su derecho a defenderse de cualquiera que ataque sus intereses ya sea la delincuencia como las clases dominantes.
El Estado, en este aspecto como en tantos otros, demuestra ser incapaz de resolver los problemas de la clase obrera y se demuestra con suma claridad la hipocresía de los sectores que se disputan su gestión a sabiendas de que no darán soluciones.
