La salud en nuestro país desde fines del siglo XVIII -cuando existía conjuntamente la atención privada (familias pudientes se pagaban su propio médico) con la caridad (Iglesia, etc)- hasta hoy -con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)-, ha tenido variaciones en el tiempo muy importantes que explican algunas de las cuestiones de cómo ésta abarca la atención a la salud hoy en Uruguay.
Muchas de las instituciones que conocemos nacieron o ligadas a asociaciones de inmigrantes o eran instituciones estatales que recibían financiamiento de la Iglesia, etc. Recién hacia 1910 se legisla a impulso del Batllismo que el Estado debería garantizar atención a la salud a quienes no tienen los recursos, sentando así las bases para ir cerrando el ciclo de la asistencia por caridad, y recién en la década de 1940 se crea el Ministerio de Salud Pública con muchas menos funciones de contralor que las que tiene ahora, y más como gestor de la asistencia pública, que ya por aquella época y durante muchos años, tenía un marcado nivel inferior en sueldos para sus trabajadores y en calidad de la atención.
Con el correr de los años y con el auge de la lucha sobre todo de las décadas del 50 y 60 la clase trabajadora fue conquistando algunas reformas que tendían a mejorar su acceso al sistema sanitario como la consolidación de seguros de salud por rubros, por ejemplo, los trabajadores textiles. Pero en general sólo cubrían a quien trabajaba, teniendo que financiar de su bolsillo al resto de su familia y muchos de esos seguros fueron eliminados por el régimen dictatorial de 1973, que luego del retorno a la democracia tomaron otras formas pero de todas maneras nunca significaron una garantía de que la clase obrera estuviera accediendo a atenderse.
En la actualidad el derecho a la salud está consagrado en la constitución, donde se escribe que el Estado debe proporcionar gratis los medios para prevención o atención a los indigentes o carentes de recursos, como si solo eso fuera suficiente. Además, con un sistema que -desde la izquierda- se nos presentó como la panacea que venía a revolucionar la atención en salud, y que claramente no lo fue ni lo es.
Como hemos analizado en otras ocasiones, este sistema está basado en la competencia entre prestadores por la captación de socios y por el dinero del Estado, no tiene como centro a quien necesita atención, sino que se basa en el lucro.
Lejos está de ser o poder ser un sistema que garantice un acceso a la salud de igual forma a toda la población.
Hace ya un tiempo producto de algunas discusiones nos hemos planteado reivindicar y luchar por alcanzar un sistema de Salud público, unificado, que sea financiado y gestionado por el Estado, donde las necesidades de atención a la salud de todos sean atendidas.
Si bien esta es una aspiración que podemos tener para una futura etapa socialista de nuestro país ¿es sensato planteárselo en la sociedad actual? No deberíamos empezar por delimitar qué sistema queremos para la sociedad que queremos e ir arrancando a las clases dominantes mediante la lucha avances en ese sentido hasta que estén dadas las condiciones para tomar el poder?
El SNIS y el problema de la desigualdad en el acceso.
La realidad de la atención en el sistema varía mucho dependiendo de la región del país dónde uno se encuentre, incluso de la ubicación con respecto al centro de su ciudad si por ejemplo vive en Montevideo, pero en general a la luz de lo que vivimos día a día, que muchas personas acceden a una atención en salud, cuya calidad está muy por debajo de lo que debería. Hay una desigualdad muy marcada en el acceso a la salud en Uruguay.
Los problemas en el acceso los podríamos desglosar de muchas formas:
– No tener para pagar el medicamento que indicó un médico.
– No poder pagar una orden para un tratamiento o para el seguimiento de una enfermedad que requiera ir muchas veces al año al médico (ejemplo fisioterapia, terapia del dolor, etc).
– Tener el dinero pero que el medicamento no lo compre el prestador (teniendo que adquirirlo más caro en una farmacia).
– Que el prestador no ofrezca el tratamiento que indicó el médico sino uno de segunda o tercera línea.
– Tiempos de espera para consultas con especialistas muy prolongados, mientras uno sigue enfermo.
– Necesidad de realizar recursos de amparo para conseguir un medicamento/procedimiento de alto costo.
– No poder cambiarse de prestador cuando quieren, entre otras tantas.
Sin embargo cuando uno quiere investigar de alguna forma más sistemática o con mayor rigor, cuáles son las carencias en el acceso de los usuarios, se encuentra con el problema de que no hay tales datos, al menos no de forma accesible, lo que hace pensar que el Estado no los tiene del todo estudiados. Hay algunos datos disponibles muy generales, que se derivan de las encuestas Continua de Hogares en dónde se les pregunta a las personas si “creen que su acceso a la salud está afectado”, lo cuál tiene un componente de subjetividad importante y es a todas luces insuficiente como análisis riguroso del tema, o algunos datos en bruto en análisis de desempeño hechos por algún organismo estatal u organización pero que no concluyen en un análisis ni muy claro y mucho menos crítico desde el punto de vista de cumplir con el derecho a la salud.
En ningún lado hay o al menos no nos consta, un análisis en el que alguien se haya propuesto delimitar variables para cuantificar el no acceso o el acceso a una atención insuficiente.
Esas cosas las sabemos todos quienes las padecemos a diario, y esta situación nos genera una obligación: luchar para que se garantice nuestro derecho a la salud partiendo de una etapa de análisis y denuncia de las faltas a ese derecho. Convertir de alguna forma, esas vivencias cotidianas en motor para comenzar a sistematizar las carencias de forma que nos permita avanzar en este tema con los sectores de la población que más involucrados están.
De lo que sí hay información disponible es del gasto en salud y las diversas variantes y formas del gasto a la interna del SNIS, pero siempre desde una perspectiva netamente económica y gestora y muchas veces incluso se vislumbra cierto sesgo hacia analizar datos que sirvan para justificar pedidos de más financiamiento.
Algo curioso es que es difícil encontrar los datos financieros por mutualista ya sea del interior o de Montevideo, cuando se presentan a lo sumo se hace agrupando dos mutualistas o parámetros de todas las mutualistas del interior o grandes parámetros de ASSE. En definitiva, financiamos todos aportando de nuestro bolsillo para un sistema con muchas carencias pero que además es de finanzas poco claras.
Creemos que tener grandes nociones generales sobre algunos parámetros más formales puede servir para orientar algunas acciones en el futuro, para generar un planteo más desarrollado sobre algunos aspectos del problema, pero no dejar de lado lo que se venía planteando, a las clases dominantes no les importa demasiado documentar las carencias que el SNIS tiene, simplemente importa cumplir con algunos formalismos administrativos y de gestión para decir que las cosas se están haciendo.
Incluso sin esos datos sistematizados, cabe preguntarse ¿cómo es posible que la situación sea la que estamos describiendo, cuando lo que se destina a salud ronda el 10% del PBI?
Hay problemas que son estructurales, que tienen que ver con la forma en la que está planteado el sistema donde por un lado, el Estado tiene un rol de control escaso, limitándose a un rol fiscalizador muy mínimo a través del MSP y tener su propio prestador de salud inmerso en este sistema lucrativo, y por otro lado las mutualistas, que cada una invierte en lo que quiere, pensando generalmente en lo que le da más beneficio o en lo que se ve más llamativo para captar socios, y cuando ya no da más ganancia es cerrado dejando a quienes allí se atienden pagando las consecuencias, cómo sucedió con Casa de Galicia.
Y dicho sea de paso, también en Casa de Galicia se ve otra característica del rol del Estado, como financiador muchas veces de prestadores que no son rentables o más tarde o más temprano van a terminar cerrando, dilapidando de esa manera fondos que podrían usarse para mejorar algunas de las muchas falencias que mencionamos antes.
Este contralor escaso que existe, abre la cancha al avance de la corrupción a la interna, sobre todo de quienes están cargos de gerencia y dirección del sistema tanto a nivel estatal como de los prestadores. Acomodos de licitaciones, de personas, de tratos con tal o cuál multinacional de equipamiento o farmacéutica, etc.
Situaciones muchas conocidas a voces y no denunciadas o avaladas por las dirigencias sindicales de los gremios en cada lugar. Quienes muchas veces incluso son comprados con cargos de jefaturas en la institución o similares.
En definitiva, es un sistema de salud cuya organización se basa en el lucro entre empresas, entre las cuales el Estado juega a competir a través de ASSE, mientras en el fondo financia la corrupción y el negocio de los grandes empresarios de la salud y gerentes de las mutualistas, a la vez que perpetúa la salud como una mercancía, dado que todo lo que el sistema no garantiza, depende del poder adquisitivo de cada uno, de quien accede a pagarlo y quien no.
Además de la desigualdad en el acceso, creemos también que existe otro problema no necesariamente vinculado a priori con lo monetario, que tiene que ver con el trato que recibimos cuando vamos a un centro de salud.
Ya sea del personal médico o no médico, hay una cuestión generalizada de tratar a los usuarios con indiferencia, poca paciencia o incluso muchas veces malos tratos directamente. Es un fenómeno a analizar, y que no se explica únicamente por las condiciones de trabajo de los funcionarios o por la sobrecarga laboral. Hay cierta deshumanización, indiferencia, alejamiento o falta de empatía sobre la situación del otro. En cualquier escenario, creemos que no es algo ni que debamos tolerar, sino todo lo contrario plantear la discusión, identificarlo como un problema a atacar y cambiar de cara a la construcción del sistema de salud que queremos.
Es necesario denunciar a la desigualdad en el acceso a la atención en salud en Uruguay pero también plantear algunas reivindicaciones sobre las cuáles poder debatir y generar organización para transformar esta realidad, como por ejemplo, terminar con las tercerizaciones en el sector que no solo generan precarización laboral sino que tampoco redundan en una mejor calidad de la atención. Reclamar la abolición del corralito así como también la disminución del precio en las órdenes más frecuentemente utilizadas como las de consultas a médico, medicamentos o exámenes de laboratorio, que en definitiva son grandes limitantes de la atención a la salud y es justamente lo que buscan quienes las definen, que sean una “herramienta para gestionar mejor el gasto”, pero que en los hechos son una limitante en el acceso con base en el poder adquisitivo de cada persona.
Es por el camino de trabajar estas cuestiones que nos proponemos avanzar con la masa en una discusión más profunda sobre la situación y qué hacer para cambiarla.
